“Instrucción General y Particular de la Provincia de Venezuela”

Fue el vizcaíno Joseph de Olavarriaga quien elaboró, a solicitud del Virrey de España en la Nueva Granada, el informe que permitió conocer el potencial económico de Venezuela a comienzos del siglo XVIII. El documento se llamó “Instrucción General y Particular del estado presente de la Provincia de Venezuela en los años de 1720 y 1721”. Dicha memoria, que reposa actualmente en la Academia de la Historia en Caracas, describe en detalle la situación económica y financiera de Venezuela, sus recursos agrícolas y pecuarios, su movimiento comercial y la fortificación de sus costas y ciudades. Preocupado por la falta de explotación de estos recursos por parte de la Corona y alarmado por el contrabando creciente que ejercían ingleses, franceses y holandeses, propone Olavarriaga la creación de una Compañía que velara por los intereses de España en la Provincia. Consigue entonces “... que el Ministro de Felipe V se interese por el proyecto y conceda a la provincia de Guipúzcoa el comercio de la de Caracas (o Venezuela) para que, formando Compañía la disfrutase con la precisa carga de resguardar su dilatada costa del ilícito comercio de extranjeros...” *


Creación y disolución de la Compañía Guipuzcoana

La Real Compañía Guipuzcoana fue constituida el 25 de septiembre de 1728, en virtud de una real cédula que expidió el rey Felipe V, para que existiera un comercio recíproco y exclusivo entre España y la provincia de Venezuela.

“...Del puerto de Pasajes (Guipúzcoa) zarpan el 15 de julio de 1730 los tres primeros navíos rumbo a Venezuela, el San Ignacio, el San Joaquín y el Guipuzcoano, seguidos tres meses después del Santa Rosa”*. Acompañado por 561 soldados que asegurarían la protección de las costas venezolanas, Pedro Joseph de Olavarriaga navegó en calidad de primer director la Compañía, llegando a Puerto Cabello el 4 de septiembre de ese año.

Operó desde 1730 hasta 1785, y tuvo gran influencia en el desarrollo económico, social y político de la colonia. Trabajó a base de acciones pertenecientes a capitalistas vascos, principalmente de la provincia de Guipúzcoa en el norte de España.

El contrato contemplaba que la empresa tendría el monopolio comercial con la provincia de Venezuela. Así, era la única que podía vender toda clase de mercancías importadas; e igualmente sólo ésta podía comprar los productos y llevarlos a España. Estaba facultada para llegar indistintamente a los puertos de La Guaira o Puerto Cabello, pero en España debía partir de Guipúzcoa y de regreso atracar en Cádiz.

El establecimiento de esta compañía significó un cambio profundo en el sistema de comercio tradicional de la provincia de Venezuela, pues al tener monopolio del comercio entre España y la provincia, controlaba los precios de los bienes y los fijaba a su conveniencia, en perjuicio de los consumidores y de los productores locales.

A raíz de esto, diversos sectores de la población (hacendados, comerciantes, contrabandistas y campesinos) rechazaron la permanencia de la empresa en tierras venezolanas. Los hacendados y los mercaderes venezolanos se opusieron a través del Cabildo de Caracas, mientras que la primera acción violenta la encabezó el zambo Andrés López del Rosario, conocido como ‘Andresote’, quien entre 1732 y 1735 armó a esclavos y negros libres para proteger el comercio ilegal de los holandeses en la región del río Yaracuy y las tierras cercanas a la costa.

Finalmente, fue la revuelta de Juan Francisco de León la que estremecería las bases de la Compañía Guipuzcoana y cambiaría su naturaleza. Se inició el 2 de abril de 1749 en Panaquire, y se extendió por casi tres años. León contó con el apoyo del Cabildo, la nobleza, el claustro universitario y los más diversos sectores de la sociedad colonial, quienes lo instaron a mantener su posición y a protestar contra la Guipuzcoana. Se buscaba era la expulsión de la compañía de la provincia.

Esta insurrección obtuvo grandes logros ya que consiguió que el Rey de España acogiera las acusaciones en contra de la empresa y tomara medidas al respecto. Entonces, se creó una Junta Reguladora de Precios, lo que incidió en un alza considerable en los precios, que alcanzaba hasta un 80%. Además, se les cedió a los hacendados y cosecheros un sexto de la capacidad de los barcos de la empresa para que remitieran por su cuenta productos a España y se les permitió adquirir acciones de la compañía, con lo que comenzaron a percibir beneficios de ésta.

Con el establecimiento en 1776 de la Intendencia del Ejército y Real Hacienda, la Compañía Guipuzcoana fue sometida a controles más rígidos y se le redujeron sus privilegios. En 1779, la guerra con Gran Bretaña le impidió cumplir con sus compromisos con España y la provincia de Venezuela. Así fue como el 10 de marzo de 1785, por una real cédula, se ordenó su disolución.




Fuentes:

*URIARTE, Gaizka: “El Vasco Olavarriaga, un analista ilustrado de la economía venezolana del siglo XVIII” en La Real Sociedad Bascongada y América, Fundación BBVA, 1992